jueves, 28 de febrero de 2013

El 28 de Febrero


Todos los años cuando llega esta fecha surge el mismo debate sobre la autonomía de Andalucía. A favor o en contra, en las discusiones se mezclan críticas al nacionalismo por conservador, la racionalidad del estado centralista o la necesidad o no de un partido que defienda los intereses de los andaluces únicamente. El debate este año parece estar más en auge con motivo de la movilización a la que están llamando el gobierno andaluz de PSOE e IU y una gran cantidad de plataformas sociales para hoy.



Más allá de las soflamas partidistas, la necesidad de reivindicar la autonomía es un hecho para todo el que esté a favor de ella, ya que la actividad legisladora del gobierno central del Partido Popular va en el camino de la recentralización de las competencias. Esto no es una interpretación, es un hecho constatable. La cuestión, no obstante, se centra en si el gobierno andaluz como tal, en su comunicación oficial, está legitimado para salir a la calle y reducir los actos del Día de Andalucía en otro posicionamiento más contra Rajoy. La Junta de Andalucía representa a todos los andaluces, incluidos los votantes del PP. Como institución, en actos oficiales, quizá debería mantenerse al margen de la confrontación. Pero eso no quita que los miembros del gobierno andaluz no puedan acudir a las manifestaciones como diputados de sus partidos que son, ya que los partidos sí pueden participar si creen que tienen motivos para hacerlo. Y los dos que sostienen a la Junta así lo han decidido. Pero es importante que separen ambas cosas y se dejen claras las intenciones.

Desde esta tribuna se ha defendido en varias ocasiones la autonomía política de Andalucía como garantía de derechos sociales. Y realmente en el contexto actual, recortar en autonomía es recortar en los mismos. El Estado autonómico le ha proporcionado a los andaluces la posibilidad de legislar según sus necesidades, que aún hoy después de 30 años, son diferentes a las de otros territorios del estado, por desgracia. Esto ha permitido que hoy el mismo máster público valga en primera matrícula 1800 euros en Andalucía y 3900 euros en Madrid. Una desigualdad necesaria cuando en Andalucía los salarios son de media unos 6.000 euros anuales más bajos que en la capital. 

Por eso, es peligroso ir hacia atrás en el reparto de competencias sociales. Obviamente el federalismo autonómico se puede mejorar y hacer más eficiente, pero la recentralización podría hacer que con el mismo rasero de medir los andaluces salieran más perjudicados. Está claro que seguir a la cola en muchos indicadores no deja de ser nuestra responsabilidad, pero eso no justifica que la autonomía no sirva para nada, porque nada hace pensar que con un gobierno central único Andalucía hubiera resuelto su problema estructural de paro, por ejemplo.

Lo importante es que la reivindicación de este 28F se centre en eso, y no en cuatro titulares en contra del Gobierno de Rajoy que, al fin y al cabo, ya tiene bastantes frentes por sí mismo, incluso dentro de su propio partido. El manifiesto en el que se sustenta la manifestación sí lo nombra directamente. Ahora sólo falta ver cómo se posiciona la Junta.

jueves, 31 de enero de 2013

¿Libertad para elegir?

Fuente: www.elcorreoweb.es
Los centros concertados andaluces de educación diferenciada entregaron ayer a la Junta las solicitudes para renovar el concierto público del curso que viene. A ello le acompañaron 40.000 firmas de apoyo tras la decisión de la Consejería de Educación, que había anunciado semanas atrás que no lo renovaría, acogiéndose a las últimas sentencias emitidas por el Tribunal Supremo. Estas le permiten a la Junta no hacerlo por entender que no se puede amparar con fondos públicos la discriminación sexista en la educación. Por ello, los 11 centros que se ven afectados emprendieron una campaña de recogida de firmas, alegando la "libertad de decidir" de los padres y esperando a que se apruebe cuanto antes la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) que prepara el Gobierno Central y que previsiblemente blindará a este tipo de centros, por lo que finalmente sí que tendrían derecho a concierto público.

En medio de esta guerra de resoluciones judiciales y administrativas lo que subyace es el debate de si se debe financiar con dinero del contribuyente un modelo educativo que no contempla algunos de los grandes principios básicos, no ya en el consenso constitucional, si no también del funcionamiento habitual de la vida pública y social como son la igualdad de oportunidades y de género.

Los defensores de la educación diferenciada nunca dejan de repetir las ventajas académicas que ofrece el aprendizaje por separado, justificándose con informes, estudios y éxitos de resultados en otros países. La cuestión está en que hacen una lectura reduccionista del sistema educativo, eliminando el componente socializador que tiene. 

En la escuela, los niños no sólo adquieren conocimientos, si no que aprenden a desenvolverse en la vida pública y a convivir en sociedad. Por eso, pensar que es mejor que ganen en rendimiento académico para perder en convivencia supone en el mejor de los casos minusvalorar el fundamento de igualdad al creer que esa parcela de la educación se puede recibir en casa, o en el peor de ellos, que directamente no se entiende como algo necesario.

En el primero de los casos se incurre en un error de partida, que es pensar que en todas las casas a los niños se les va a educar en igualdad. En muchas puede que sí, y a lo mejor sí pueden permitirse eliminar ese aprendizaje de las horas lectivas en la escuela. Pero por desgracia en muchas de ellas, incluso se podría decir que en la mayoría, los padres no se molestan en educar a sus hijos en igualdad, por diferentes motivos sociales, culturales y económicos. Por eso la educación pública tiene que ofrecer un modelo capaz de garantizar ese aprendizaje a los que en casa no lo puedan tener. 

El fundamento más básico de lo público es ofrecer un servicio a todos por igual para que los que no lo puedan tener por sí mismos lo disfruten, con independencia de su condición social, cultural o económica. En el caso de que ese servicio esté garantizado y no sea necesaria su intervención, el Estado sí se podrá permitir amparar con dinero público otros modelos diferentes, y entonces tener la oportunidad de elegir. Pero esa situación está muy lejos de producirse a la vista del alto índice de violencia machista de este país, de la alta diferencia de salarios entre hombres y mujeres y de otros indicadores similares. Esto no quiere decir que el modelo que proponen no tenga cabida, pero sí que no se puede financiar con dinero público mientras sea tan necesario el amparo y el apoyo del modelo igualitario. Precisamente en momentos en los que cada céntimo de gasto tiene que ser revisado, se debería primar la opción más necesitada. Y precisamente la educación pública, por el número y el tipo de personas a los que atiende, necesita de más recursos que la concertada.

Luego está el segundo de los casos en defensa del modelo diferenciador, el que no entiende la necesidad de igualdad en la educación directamente. Este está yendo en contra de lo que la Ley, hecha con el consenso de la mayoría política entiende que debe ser la educación pública. Y en este entendimiento, actualmente se incluye el valor de la igualdad, tanto en la LOE estatal, como en la LEA, andaluza. Por lo tanto, hasta que la ley cambie (cosa que van a conseguir en breve), ¿No es un despropósito que no se cumpla la Ley, ratificada por sentencias del Tribunal Supremo y se subvencione un modelo que no se ajusta a ella?

Por desgracia la decisión de la Junta ha llegado bastante tarde, porque todo apunta a que finalmente los contribuyentes seguirán teniendo que sufragar, mientras se recorta en otros servicios sociales, colegios donde se fomenta el sexismo. Aunque también es verdad que lo ha intentado otras veces y no ha sido hasta que ha tenido el apoyo jurídico que lo ha podido hacer. 

miércoles, 30 de enero de 2013

Lugares comunes


Fuente: oroD
En toda buena conversación media entre españoles medios existe un basto terreno de tópicos y creencias aceptadas por (casi) todo el mundo que permite a dos personas que no se conocen, en un ambiente relajado –normalmente el bar-, arreglar las desdichas del mundo en un santiamén.

Son los famosos ‘lugares comunes’, cada vez más presentes en la comunicación política e institucional y que se trasladan o retroalimentan con los que usa la gente de la calle. Utilizados, por ejemplo, por el Rey en sus mensajes navideños, generan una falsa apariencia de neutralidad y de “sentido común” –gancho fácil que utiliza Rajoy para calificar sus medidas- que funciona muy bien. En publicidad son el pan nuestro de cada día y el famoso anuncio de ‘El currículum de todos’ es el ejemplo estrella.

En el fondo, este tipo de discurso de consenso, supuestamente apolítico y anti-todo vela una ideología conservadora que consigue integrarse en la comodidad de la clase media sin que se dé cuenta, lo que provoca esa sensación rara de que todo el mundo está en contra del gobierno de turno que acaba de arrasar en las últimas elecciones.

La famosa ley del silencio –el miedo a opinar en público lo contrario a la mayoría por ser aislado- es la gran generadora de estos lugares que, con situaciones de agenda informativa tan llamativa como las que tenemos últimamente: crisis, ‘política’ y corrupción, disparan el número de conversaciones tabernarias. Véanse:

“Son todos unos chorizos”

Es el lema de moda en semanas como las dos últimas, cuando los escándalos de corrupción salpican de mierda a los grandes partidos. Cuando se habla de corrupción, el lugar común está en meter a todos los partidos –para que nadie se enfade- y en autoexcluirse a sí mismo y al interlocutor como personas 100% honradas. Los políticos. Nada más. Ni empresarios, ni pequeños defraudadores, ni la economía sumergida, ni esa cita con el cardiólogo que tuvo tu abuela la semana pasada sin esperar porque tu cuñada es enfermera en la planta de cardiología del hospital.

Por supuesto que no es comparable ser el tesorero del partido en el gobierno y esconder 22 millones de euros en Suiza de procedencia dudosa con tener un enchufillo en la planta de cardiología del hospital, claro que no. Pero no se puede desligar el grado de corrupción de la clase política respecto de la sociedad en sí mismo. Cuando hay un nivel tan alto y tan visible de corrupción como en estos momentos, es porque de alguna manera existe cierta tolerancia en la sociedad. Si todos aceptamos que nuestro amigo pequeño empresario con una casa y un coche más que nosotros, declare a Hacienda la mitad de lo que gana para que a su hijo le den beca, probablemente será más fácil que aceptemos que un partido reciba donaciones de una empresa para que cuando gobierne le haga contratos favorables. 

A la vista está. Sabiéndose esto, actualmente hay grupos parlamentarios con gran parte de sus diputados imputados en casos de corrupción que han sido elegidos con mayorías absolutas. Y alcaldes. Y presidentes. Pero es mucho más fácil trasladar la responsabilidad a ‘los otros’ que aplicársela a uno mismo en las acciones cotidianas. Y además, te hace quedar bien en el bar porque has metido en el saco también a tu partido.

“No se ponen de acuerdo, que pacten”

El relato del gran pacto, o la “alta política” como también citó el Rey en su discurso navideño nos viene de la transición. No hace falta desmitificar otra vez el cuento maravilloso que nos han trasladado siempre sobre el consenso y lo de que “ambas partes cedieron”. Porque, ¿de verdad un pacto cocinado en despachos arregla problemas tan graves como el paro, que a pesar de afectar a casi 6 millones de personas no incide en todo el mundo por igual? ¿Cómo va a participar en el pacto un partido que legítimamente tiene puestos sus intereses y representa a gente a la que no le afecta el problema? ¿Alguien se lo cree? Que la solución sea urgente no significa que un acuerdo, cualquiera, lo pueda arreglar. 

Esto además, tiene otro cariz. El “siempre se están peleando” viene a dar a entender de alguna forma que nos da pereza que se ofrezcan cosas distintas y tengamos que realizar el enorme esfuerzo de entender todas las opciones y elegir. Preferimos que ofrezcan una opción pactada. Es otra manera de desviar la responsabilidad política que tenemos a la hora de votar.  Pero ¿acaso no se trata de tener que elegir en democracia?

“No hay justicia en este país”

Este es uno de los más extendidos. Casi todo el mundo está descontento con la justicia y en realidad, hay cierta razón en que es excesivamente lenta y burocratizada, a parte de que obviamente, los jueces también se equivocan. Pero lo que provoca que se busque el entendimiento bajo este lugar común en conversaciones controvertidas es el desconocimiento y el papel tan importante que tiene la prensa rosa y de sucesos en este país. 

Desinformando, los casos más escabrosos de sucesos –últimamente casi siempre relacionados con niños, lo que ‘duele’ a todo el mundo-, pululan por programas de televisión machaconamente. Sin más misión que el revolvimiento de los estómagos y la afloración de sentimentalismos, nunca hay espacio para reflexionar con razonamientos argumentados, lo que da lugar a situaciones grotescas como manifestaciones contra algunas de las condenas más fuertes vistas de los últimos  años o el aumento de la connivencia con la cadena perpetua o incluso la pena de muerte. Una regresión absoluta amparada en una falsa sensación de desprotección que contrasta con datos objetivos: uno de los códigos penales más duros de Europa.

“Es que con la crisis… a ver si pasa ya”

La crisis como maldición satánica que ha caído del cielo es un argumento-excusa estupendo para hacer o dejar de hacer cosas, y pensar de una manera y la contraria a la vez. Une a todos porque parece que afecta a todos. Sirve para lamentarse tanto del conocido que se ha quedado en paro como del empresario que “se ha visto obligado” a despedir por culpa de ella. Es el cáncer compartido, acompañado del famoso pildorazo que se ha conseguido introducir en nuestros sentimientos de culpa: hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. 

Tampoco hace falta explicar que ni afecta a todos por igual, ni ha venido del cielo. Tiene responsables, algunos en más medida que otros. Como todo. Pero es curioso que para esto sí hayamos repartido nuestro poquito de responsabilidad a cada uno y para el tema de la corrupción no. Será porque estos platos sí los estamos pagando entre todos (con recortes aceptados porque, claro, la crisis) y los otros no, ya que no conviene tanto (lo de la tía y el enchufe en el hospital, ya saben).


"Antes, todo era mejor"

Para terminar, es la mejor fórmula antes de pagar la cerveza. Después de haberlo arreglado todo, apelar al pasado, sea cual sea, en el ámbito que sea, siempre permite encontrar algo en común con el interlocutor en el caso de que haya habido algún mínimo desencuentro. Quizá sea porque la población es cada vez más mayor, con una tasa baja de natalidad, lo que hace que la media de edad del conversador tabernero vaya aumentando y por lo tanto la posibilidad de que haya más un “antes” que fuese “mejor”, es mayor. En realidad, es una percepción que tienen todas las generaciones obviamente vinculada a la experiencia personal, que suele ser más agradable cuando se es joven por razones físicas y menos cuando se es mayor por las mismas. Además, el trasfondo de país católico con las mayores cuotas de influencia de la religión en las edades más altas, hace que la idea de supuesta degradación moral sea factible en una sociedad cada vez menos ligada a la Iglesia.

Estos son sólo algunos, pero lugares comunes hay muchísimos y de cualquier tipo. Éstos están vinculados de alguna forma a la situación más actual y pueden ser escuchados con más frecuencia ahora. Pero en realidad, los estructurales son mucho más comunes y difíciles de identificar precisamente por estar instalados en las creencias de todos: la idea de nación (ya sea española, catalana, eslovena, bielorrusa o la que sea) o el mito del progreso infinito (aunque este igual sí se deshace).