La mayoría arrolladora

El anuncio de la Generalitat Valenciana de solicitar su propio rescate financiero al Gobierno central dibuja las líneas de un nuevo escenario político. El mecanismo que ideó Montoro la semana pasada, supone mucho más que un nuevo sistema de financiación de urgencia en momentos delicados. Es un vuelco en el modelo de Estado que ha tomado por su parte el Gobierno de Rajoy, sin consultar con nadie más.

El ejecutivo del PP pretende para las comunidades la misma suerte de condiciones y exigencias que tiene Europa con España, tratando el tema envuelto en un halo de ensañamiento y resentimiento. La exigencia de las “nuevas condiciones” que la Generalitat tendría que tomar según Montoro, para obtener la financiación que aún no está cuantificada, supone otro grado importante de pérdida de soberanía para el País Valencià,

No es una cuestión sólo de fondo, de medidas o recortes en sí mismo. A eso ya están sometidos, por desgracia, los valencianos y el resto de ciudadanos del Estado. También es un problema de formas, de modelos. Al rescate se le incluye la escenografía macabra de las intervenciones más funestas, con hombres de negro incluidos. El territorio rescatado no sólo queda marcado con un estigma político de descontrol institucional, sino con la pérdida del valor que tanto costó alcanzar durante años en el proceso autonómico de la transición.

La derecha, se ha vuelto a adueñar de ese proceso invirtiéndolo en un momento clave, e introduciendo la posibilidad de dejar a las autonomías sin su razón de ser. El problema no es tanto que lo piense, porque en realidad forma parte de su ideología. El PP siempre estuvo en contra del Estado de las Autonomías, y sólo se ha sumado al carro cuando ha contemplado la posibilidad de obtener más poder.

La cuestión es que este cambio de la concepción de Estado, aparte de ser prácticamente inconstitucional, es otro golpe de déficit democrático al estilo de los que venimos viviendo en los últimos tiempos -la ‘reforma express’ de la Constitución en agosto pasado, es otro ejemplo-. Y la suma de todos ellos, puede llevar un descrédito social aún mayor.

La decisión de adoptar este mecanismo para las CCAA está tomada por un único partido, que aunque tenga la mayoría absoluta, no puede erigirse en dueño de nada. La forma de España no es patrimonio exclusivo del PP, por mucho que gobierne democráticamente en la mayoría de las instituciones. Idear este sistema costó muchos años de diálogo y esfuerzos de consenso entre todas las fuerzas políticas, con más o menos literatura de por medio, y con resultados por supuesto, siempre discutibles. Pero que el modelo sea cuestionable no permite a ningún partido político modificarlo a su antojo sin contar con nadie más.

Si vaciamos de sentido de un golpe a las autonomías, el resultado para los ciudadanos es el de siempre: “¿para qué sirve ir a votar a las regionales, si las decisiones las van a tomar en Madrid?”. “¿para qué sirve ir a votar en las nacionales si las decisiones las van a tomar en Bruselas/Berlín?”. Si no somos capaces de ofrecer la respuesta a estas preguntas, si le quitamos el sentido a todo el sistema democrático, -insisto, con todas las críticas que pueda tener-, le estamos dando alas a los ciudadanos para que deleguen su soberanía en manos de la desesperación. Y ya sabemos cómo salió ese experimento.