"Condiciones extremadamente favorables"

Con estas palabras excusaba el ministro Luís de Guindos al rescate bancario de 100.000 millones de euros que pidió el Estado a Europa. No habrá, -decía-, indicaciones macroeconómicas a cambio de esta "línea de crédito". Esto sucedía pocas semanas antes de subir (más) el IVA, dejar a los funcionarios sin paga de navidad y reducir las prestaciones por desempleo. Y el caso es que después de cruces de declaraciones y "debates nominalistas" varios, se conseguía dejar claro de una vez que los millones prestados sí repercutirán en deuda para el Estado, ya que es éste quien los gestionará para tapar los agujeros financieros del país.

De aquellos barros, estos lodos. Una vez asumido esto, toda la estrategia del Gobierno se ha basado en poner en pie la idea de que el aumento de deuda estatal no iba a repercutir en sus cuentas y por lo tanto, no existían las famosas condiciones. Y lo ha conseguido: la deuda va a repercutir en las Comunidades Autónomas y las condiciones por tanto, las asumen éstas.

La reunión del Consejo dePolítica Fiscal y Financiera de ayer traía sorpresa. Además de los objetivos de cumplimiento (obligado) del déficit para las administraciones públicas, ahora también se exige un límite igualitario en el nivel de deuda según el PIB. Gracias al rescate, el Estado ha sobrepasado en seis meses el nivel de deuda que tenía previsto para todo el año. Así, Montoro ha tenido que volver a idear otromecanismo de los suyos, con el que repartir ese esfuerzo de contención añadido en las Comunidades Autónomas. Y aquí es donde está la trampa.

Esto lo hace aún habiendo conseguido relajar el objetivo del déficit para el Estado y sabiendo también que, curiosamente, son las comunidades las que gestionan el Estado del Bienestar. El complicado cálculo del porcentaje que cada territorio puede endeudarse, es además ilógico. Se hace por igual para todos, sin tener en cuenta que algunas comunidades llevaban hasta mayo (cuando se fijó el último límite) un nivel de endeudamiento de más del 20% de su PIB, mientras que otras, como Andalucía, estaban por debajo de la media.

Es ilógico porque el resultado es que algunas tienen que reducir ahora sus presupuestos, inevitablemente en Sanidad y Educación. Y a Andalucía por ejemplo, se le exigen unos 2700 millones de euros (más de los que ya ha recortado) para este año, lo que según la Junta supondría cerrar todos los hospitales públicos o la mitad de los colegios. La situación vuelve a distorsionar el sentido de los debates políticos.

El PP lleva detrás de todas estas estrategias la revisión del modelo de Estado, como ya hemos visto, de forma unilateral. Mientras hace impracticable el funcionamiento de los servicios públicos a los que siempre ha cuestionado, puede levantar humo con la confrontación partidista y aburrida de siempre. Al mismo tiempo, excusa la eliminación de estos servicios en la idea de que no hay otra alternativa y por lo tanto el no hacerlo lo vende como una deslealtad institucional o como un ridículo europeo.

Por su parte, el PSOE que actualmente tiene como voz de protesta a la propia Junta de Andalucía más que al partido en sí, se echa las manos a la cabeza. Griñán es capaz de reconocer las orejas al lobo, y sabe que esta medida injusta, lleva detrás el desmantelamiento del Estado del Bienestar, más que un revuelco partidista (que también). Su alboroto de esta mañana refleja un conocimiento a la altura de la situación, sin entrar en territorialidades ni sentimentalismos. Esto le confiere la altura de miras que tiene como ventaja política. Pero su partido tiene detrás al pacto para la ‘reforma exprés’ de la Constitución que incluía hacer de estas mismas estrategias de contención de déficit al dogma absoluto en la carta magna. Y ahora no puede desligarse de ello por mucho que quiera.

En medio de la trifulca, la cuestión es que las condiciones favorables del rescate se ven más cerca sin que la gente lo sepa, bajo el mantra de una riña de partidos como otra cualquiera. No sabemos cómo va a salir de ésta la Junta, porque está claro que los andaluces no tienen por qué pagar las condiciones del rescate, pero las medidas adoptadas ayer son de obligado cumplimiento. El reto institucional que tiene en sus manos es impresionante. Y por desgracia, cabe esperar que más impresionante será el precio a pagar por los de siempre.