ERE, que ERE

Hoy finaliza la primera semana de comparecencias  -sin respuestas-, en una comisión parlamentaria que reúne los mejores ingredientes para cocinar un plato muy de moda: el descrédito político. El caso de los supuestos ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía lleva copando la mitad del debate político andaluz en lo que va de legislatura. La otra mitad, se centra en cuestiones de ámbito nacional -recortes, reformas, etc-,  con su consiguiente batería de reproches entre partidos.

Con 17 años de letargo desde que hubo la última comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía, los partidos parecen haber entrado en un juego donde no conocen –o no se acuerdan-, de las reglas.

Un caso muy electoral

La oposición del PP ha liderado con torpeza un discurso repetitivo que se basa en la acusación constante a la cúpula de la administración andaluza. Sin esperar resoluciones de informes oficiales (como los filtrados de la Cámara de Cuentas), opinando precipitadamente en cada mínimo movimiento de la investigación y con el apoyo de la derecha mediática para marcar el ritmo del caso en su beneficio –electoral-, parece estar más preocupado en un rédito político que no termina de alcanzar, antes que en esclarecer qué ha pasado exactamente con los mil millones de euros en ayudas asignadas en principio de forma fraudulenta.

La instrucción judicial padece, de vez en cuando, tics de instrucción política. Los ritmos del procedimiento han ido desarrollándose con una adaptación demasiado coincidente con respecto a los tiempos electorales. La actividad durante la campaña se aceleró; se ha tardado en llamar a declarar a imputados hasta 13 meses más tarde; algunas resoluciones han coincidido con plenos en la Cámara; e incluso la Audiencia ha reconsiderado decisiones que la propia jueza Alaya ha tenido que rectificar. 

Esto supone que la vertiente judicial del caso se está mezclando constantemente con la parlamentaria, la que corresponde a la comisión. Y éste es otro punto en contra del PP, ya que las conexiones entre la jueza instructora con el partido parecen estar de alguna forma en evidencia, con la relación que le uniría al actual presidente del PP andaluz y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido.  Ambos habrían coincidido en algún expediente judicial en la etapa en la que el actual regidor ocupaba su plaza como juez decano de la Audiencia de Sevilla. De ser verdad, la confusión peligrosa de distintos poderes del Estado deja en muy mal lugar a la democracia y a quien la protagoniza, en este caso la derecha. Además, si comparamos la actitud que ha tenido el poder judicial con respecto al PP en otros casos similares, podemos comprobar que existen diferencias. Ni las formas ni el fondo han sido parecidas en otros casos de corrupción donde el partido se ha visto implicado en otros territorios.

Comparecencias para todos

Por otro lado están los partidos del Gobierno andaluz. Izquierda Unida tiene en sus manos una llave que parece venirle grande a veces. Puso como condición a su pacto de gobierno con el PSOE que se aprobase esta comisión que el partido de Griñán vetó hasta en 10 ocasiones en la legislatura anterior, cuando tenía mayoría absoluta. Sin embargo, IU lidera el proceso político entrando al juego de las comparecencias-escándalo. Si la lista de 24 personas para comparecer que presentó el PP desde el principio era ambiciosa, las propuestas de la federación de izquierdas se dejaron llevar por las ganas de revancha del PSOE. Que IU exija acudir a la comisión a miembros populares como Eduardo Zaplana, el mismo Zoido, o Javier Arenas, fabricando piruetas argumentativas con su responsabilidad en el ERE de la Faja Pirítica de Riotinto, también responde poco a las ganas que parecía tener de conocer la verdad sobre el caso.

El PSOE-A por su parte, está protagonizando su rol continuo de animal acorralado y nervioso. Aunque a nivel judicial forme parte de la propia acusación, y eso diga mucho de su disposición institucional, la estrategia política con respecto al caso se le ha ido a veces de las manos. Griñán acudirá el viernes que viene a la comisión tras el intento de su grupo parlamentario de impedir por todos los medios que comparecieran cargos verdaderamente relevantes. Tras la argumentación constante de que era innecesaria la presencia del actual presidente y el expresidente Chaves, el mismo Griñán tuvo que irse a Madrid a expresar su voluntad de acudir, dejando en evidencia a su grupo parlamentario que se había negado semana tras semana a que se sentara en la comisión.

Los intentos de quitarle importancia a un asunto de corrupción tan flagrante, demuestran que para el PSOE es un tema muy incómodo del que quiere pasar página pronto. La formación misma del propio ejecutivo, demostró una arrogancia que puede ser el disfraz perfecto para una inseguridad casi infantil. Griñán no entendió que realmente no ganó las elecciones y metió en su gobierno al aparato del partido en contra de perfiles más técnicos, cuando en realidad había perdido 9 escaños y 600.000 votos.

A esto se le puede añadir indudablemente el bajo perfil de los diputados que el grupo socialista nombró para participar en la comisión, y sobre todo la nefasta actuación de los mismos en las comparecencias de esta primera semana pasada, haciendo sus preguntas por escrito en contra de lo acordado.

En definitiva, el papel que muestran los tres partidos con representación parlamentaria en el caso de los ERE es bastante mediocre. Se habla a veces de lo inservible de una comisión como ésta, argumentando que las responsabilidades judiciales están garantizadas y no a todos los llamados a declarar se le pueden exigir responsabilidades políticas porque nunca fueron elegidos. Pero esto no debería ser así. La comisión no sólo puede, si no debe, dictaminar lo correcto o no de un procedimiento general o actuaciones concretas de personas que han sido elegidas para representar a ciudadanos. Eso va más allá de castigos electorales. Se trata de la garantía de que los supuestos errores de una institución representativa sirvan para aprender y ejemplificar con la intención de que no se vuelvan a repetir. En cualquier democracia que se precie, una comisión así terminaría con mociones de censura o cuestiones de confianza que incluso pueden acabar con gobiernos. Pero eso no parece que vaya a ocurrir aquí.

En un país donde la confianza de los ciudadanos en las instituciones está rozando sus mínimos históricos, no se debería desaprovechar una oportunidad tan buena para demostrar que la política sí puede servir para algo. El caso es lo bastante importante para ello. Los ciudadanos necesitan, aparte de que se esclarezca judicialmente lo ocurrido y se asuman las responsabilidades oportunas, que se rindan cuentas a la soberanía otorgada por ellos mismos en las urnas.