ERE, que ERE

Hoy finaliza la primera semana de comparecencias  -sin respuestas-, en una comisión parlamentaria que reúne los mejores ingredientes para cocinar un plato muy de moda: el descrédito político. El caso de los supuestos ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía lleva copando la mitad del debate político andaluz en lo que va de legislatura. La otra mitad, se centra en cuestiones de ámbito nacional -recortes, reformas, etc-,  con su consiguiente batería de reproches entre partidos.

Con 17 años de letargo desde que hubo la última comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía, los partidos parecen haber entrado en un juego donde no conocen –o no se acuerdan-, de las reglas.

Un caso muy electoral

La oposición del PP ha liderado con torpeza un discurso repetitivo que se basa en la acusación constante a la cúpula de la administración andaluza. Sin esperar resoluciones de informes oficiales (como los filtrados de la Cámara de Cuentas), opinando precipitadamente en cada mínimo movimiento de la investigación y con el apoyo de la derecha mediática para marcar el ritmo del caso en su beneficio –electoral-, parece estar más preocupado en un rédito político que no termina de alcanzar, antes que en esclarecer qué ha pasado exactamente con los mil millones de euros en ayudas asignadas en principio de forma fraudulenta.

La instrucción judicial padece, de vez en cuando, tics de instrucción política. Los ritmos del procedimiento han ido desarrollándose con una adaptación demasiado coincidente con respecto a los tiempos electorales. La actividad durante la campaña se aceleró; se ha tardado en llamar a declarar a imputados hasta 13 meses más tarde; algunas resoluciones han coincidido con plenos en la Cámara; e incluso la Audiencia ha reconsiderado decisiones que la propia jueza Alaya ha tenido que rectificar. 

Esto supone que la vertiente judicial del caso se está mezclando constantemente con la parlamentaria, la que corresponde a la comisión. Y éste es otro punto en contra del PP, ya que las conexiones entre la jueza instructora con el partido parecen estar de alguna forma en evidencia, con la relación que le uniría al actual presidente del PP andaluz y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido.  Ambos habrían coincidido en algún expediente judicial en la etapa en la que el actual regidor ocupaba su plaza como juez decano de la Audiencia de Sevilla. De ser verdad, la confusión peligrosa de distintos poderes del Estado deja en muy mal lugar a la democracia y a quien la protagoniza, en este caso la derecha. Además, si comparamos la actitud que ha tenido el poder judicial con respecto al PP en otros casos similares, podemos comprobar que existen diferencias. Ni las formas ni el fondo han sido parecidas en otros casos de corrupción donde el partido se ha visto implicado en otros territorios.

Comparecencias para todos

Por otro lado están los partidos del Gobierno andaluz. Izquierda Unida tiene en sus manos una llave que parece venirle grande a veces. Puso como condición a su pacto de gobierno con el PSOE que se aprobase esta comisión que el partido de Griñán vetó hasta en 10 ocasiones en la legislatura anterior, cuando tenía mayoría absoluta. Sin embargo, IU lidera el proceso político entrando al juego de las comparecencias-escándalo. Si la lista de 24 personas para comparecer que presentó el PP desde el principio era ambiciosa, las propuestas de la federación de izquierdas se dejaron llevar por las ganas de revancha del PSOE. Que IU exija acudir a la comisión a miembros populares como Eduardo Zaplana, el mismo Zoido, o Javier Arenas, fabricando piruetas argumentativas con su responsabilidad en el ERE de la Faja Pirítica de Riotinto, también responde poco a las ganas que parecía tener de conocer la verdad sobre el caso.

El PSOE-A por su parte, está protagonizando su rol continuo de animal acorralado y nervioso. Aunque a nivel judicial forme parte de la propia acusación, y eso diga mucho de su disposición institucional, la estrategia política con respecto al caso se le ha ido a veces de las manos. Griñán acudirá el viernes que viene a la comisión tras el intento de su grupo parlamentario de impedir por todos los medios que comparecieran cargos verdaderamente relevantes. Tras la argumentación constante de que era innecesaria la presencia del actual presidente y el expresidente Chaves, el mismo Griñán tuvo que irse a Madrid a expresar su voluntad de acudir, dejando en evidencia a su grupo parlamentario que se había negado semana tras semana a que se sentara en la comisión.

Los intentos de quitarle importancia a un asunto de corrupción tan flagrante, demuestran que para el PSOE es un tema muy incómodo del que quiere pasar página pronto. La formación misma del propio ejecutivo, demostró una arrogancia que puede ser el disfraz perfecto para una inseguridad casi infantil. Griñán no entendió que realmente no ganó las elecciones y metió en su gobierno al aparato del partido en contra de perfiles más técnicos, cuando en realidad había perdido 9 escaños y 600.000 votos.

A esto se le puede añadir indudablemente el bajo perfil de los diputados que el grupo socialista nombró para participar en la comisión, y sobre todo la nefasta actuación de los mismos en las comparecencias de esta primera semana pasada, haciendo sus preguntas por escrito en contra de lo acordado.

En definitiva, el papel que muestran los tres partidos con representación parlamentaria en el caso de los ERE es bastante mediocre. Se habla a veces de lo inservible de una comisión como ésta, argumentando que las responsabilidades judiciales están garantizadas y no a todos los llamados a declarar se le pueden exigir responsabilidades políticas porque nunca fueron elegidos. Pero esto no debería ser así. La comisión no sólo puede, si no debe, dictaminar lo correcto o no de un procedimiento general o actuaciones concretas de personas que han sido elegidas para representar a ciudadanos. Eso va más allá de castigos electorales. Se trata de la garantía de que los supuestos errores de una institución representativa sirvan para aprender y ejemplificar con la intención de que no se vuelvan a repetir. En cualquier democracia que se precie, una comisión así terminaría con mociones de censura o cuestiones de confianza que incluso pueden acabar con gobiernos. Pero eso no parece que vaya a ocurrir aquí.

En un país donde la confianza de los ciudadanos en las instituciones está rozando sus mínimos históricos, no se debería desaprovechar una oportunidad tan buena para demostrar que la política sí puede servir para algo. El caso es lo bastante importante para ello. Los ciudadanos necesitan, aparte de que se esclarezca judicialmente lo ocurrido y se asuman las responsabilidades oportunas, que se rindan cuentas a la soberanía otorgada por ellos mismos en las urnas.  

Agosto y la oportunidad

Agosto coloca como de costumbre el punto extravagante en la agenda de los medios. Si ya de por sí ésta atiende normalmente a criterios de cuestionable interés público, con la llegada del mes baldío se desata la imaginación de editores y directores de contenidos. Al ya clásico calor que nos enfunda cada verano en “el más caluroso de los últimos [inserte número aquí] años”, este mes tenemos además una buena dosis de propaganda (des)cubierta.

Desde luego, el ejecutivo de Rajoy ha tenido uno de sus pocos aciertos en estrategia de comunicación, aunque el mérito no sea del todo suyo. Aún estando de vacaciones, sus acciones de gobierno siguen dejando huellas de las que poco se está hablando. Que se lo pregunten a inmigrantes y parados.

Esta semana, tenemos otro tema con el que abrir informativos. Las acciones del SAT en dos supermercados andaluces copan la mirada de los medios entrando en el juego de quienes han ideado la estrategia y sobre todo, de quien les responde: el propio gobierno. Ambas partes han actuado con la desmesura que invita a las situaciones y declaraciones surrealistas que se están viendo estos días y que al final, colocan el foco en lo menos importante.

La estrategia de Sánchez Gordillo no pasa del marketing de guerrilla que pretendía escenificar. Con la excepción del excesivo mal rato que pasaron –según las imágenes- algunas trabajadoras del supermercado donde sucedieron y que nunca se debieron producir porque nunca está justificado ese trato. Sobre todo porque seguramente la acción podía haberse resuelto de otra forma menos agresiva, como se demostró en el otro establecimiento.

En este sentido, el análisisque hace el propio Gordillo de que la acción ha puesto el debate sobre la pobreza en Andalucía encima de la mesa es erróneo. Las formas, han conseguido tapar al fondo legítimo del hecho. Y esto es en parte, también responsabilidad suya.

Del otro lado está la escenificación del tema como ‘asunto de Estado’, por parte de los ministros de Interior y Justicia. Lo que sucedió en uno de los establecimientos fue un hurto (porque en el otro se supone que hubo un acuerdo). Ni asalto, ni atraco, ni literatura fantástica. Es un hurto que, en cualquier caso, no pasaría de los 400 euros de multa y que en ningún momento más que en éste, provocaría la orden de detención pública (medios convocados mediante) de nadie. Y de ciertas reacciones políticas, mejor ni hablamos.

Lo que sí pone de manifiesto este hecho es lo estruendoso que supone que se persiga esta canallada veraniega mientras se cierran las unidades de investigación fiscal en Baleares, por ejemplo, o se deja impunes a decenas de ladrones de guante blanco que pululan por este país.

Pero insistiendo, no se habla de la renta básica, una de las reivindicaciones del SAT, ni de la posibilidad de regular la industria agroalimentaria para evitar especulaciones injustas mientras cada vez más gente pasa hambre, ni del modelo de consumo, ni de todas las cosas que se pretendían poner sobre la mesa. Lo único que hay es una generosa campaña de distracción beneficiosa para el PP en el gobierno, consiguiendo criminalizar reivindicaciones necesarias.

"Condiciones extremadamente favorables"

Con estas palabras excusaba el ministro Luís de Guindos al rescate bancario de 100.000 millones de euros que pidió el Estado a Europa. No habrá, -decía-, indicaciones macroeconómicas a cambio de esta "línea de crédito". Esto sucedía pocas semanas antes de subir (más) el IVA, dejar a los funcionarios sin paga de navidad y reducir las prestaciones por desempleo. Y el caso es que después de cruces de declaraciones y "debates nominalistas" varios, se conseguía dejar claro de una vez que los millones prestados sí repercutirán en deuda para el Estado, ya que es éste quien los gestionará para tapar los agujeros financieros del país.

De aquellos barros, estos lodos. Una vez asumido esto, toda la estrategia del Gobierno se ha basado en poner en pie la idea de que el aumento de deuda estatal no iba a repercutir en sus cuentas y por lo tanto, no existían las famosas condiciones. Y lo ha conseguido: la deuda va a repercutir en las Comunidades Autónomas y las condiciones por tanto, las asumen éstas.

La reunión del Consejo dePolítica Fiscal y Financiera de ayer traía sorpresa. Además de los objetivos de cumplimiento (obligado) del déficit para las administraciones públicas, ahora también se exige un límite igualitario en el nivel de deuda según el PIB. Gracias al rescate, el Estado ha sobrepasado en seis meses el nivel de deuda que tenía previsto para todo el año. Así, Montoro ha tenido que volver a idear otromecanismo de los suyos, con el que repartir ese esfuerzo de contención añadido en las Comunidades Autónomas. Y aquí es donde está la trampa.

Esto lo hace aún habiendo conseguido relajar el objetivo del déficit para el Estado y sabiendo también que, curiosamente, son las comunidades las que gestionan el Estado del Bienestar. El complicado cálculo del porcentaje que cada territorio puede endeudarse, es además ilógico. Se hace por igual para todos, sin tener en cuenta que algunas comunidades llevaban hasta mayo (cuando se fijó el último límite) un nivel de endeudamiento de más del 20% de su PIB, mientras que otras, como Andalucía, estaban por debajo de la media.

Es ilógico porque el resultado es que algunas tienen que reducir ahora sus presupuestos, inevitablemente en Sanidad y Educación. Y a Andalucía por ejemplo, se le exigen unos 2700 millones de euros (más de los que ya ha recortado) para este año, lo que según la Junta supondría cerrar todos los hospitales públicos o la mitad de los colegios. La situación vuelve a distorsionar el sentido de los debates políticos.

El PP lleva detrás de todas estas estrategias la revisión del modelo de Estado, como ya hemos visto, de forma unilateral. Mientras hace impracticable el funcionamiento de los servicios públicos a los que siempre ha cuestionado, puede levantar humo con la confrontación partidista y aburrida de siempre. Al mismo tiempo, excusa la eliminación de estos servicios en la idea de que no hay otra alternativa y por lo tanto el no hacerlo lo vende como una deslealtad institucional o como un ridículo europeo.

Por su parte, el PSOE que actualmente tiene como voz de protesta a la propia Junta de Andalucía más que al partido en sí, se echa las manos a la cabeza. Griñán es capaz de reconocer las orejas al lobo, y sabe que esta medida injusta, lleva detrás el desmantelamiento del Estado del Bienestar, más que un revuelco partidista (que también). Su alboroto de esta mañana refleja un conocimiento a la altura de la situación, sin entrar en territorialidades ni sentimentalismos. Esto le confiere la altura de miras que tiene como ventaja política. Pero su partido tiene detrás al pacto para la ‘reforma exprés’ de la Constitución que incluía hacer de estas mismas estrategias de contención de déficit al dogma absoluto en la carta magna. Y ahora no puede desligarse de ello por mucho que quiera.

En medio de la trifulca, la cuestión es que las condiciones favorables del rescate se ven más cerca sin que la gente lo sepa, bajo el mantra de una riña de partidos como otra cualquiera. No sabemos cómo va a salir de ésta la Junta, porque está claro que los andaluces no tienen por qué pagar las condiciones del rescate, pero las medidas adoptadas ayer son de obligado cumplimiento. El reto institucional que tiene en sus manos es impresionante. Y por desgracia, cabe esperar que más impresionante será el precio a pagar por los de siempre.