¿Libertad para elegir?

Fuente: www.elcorreoweb.es

Los centros concertados andaluces de educación diferenciada entregaron ayer a la Junta las solicitudes para renovar el concierto público del curso que viene. A ello le acompañaron 40.000 firmas de apoyo tras la decisión de la Consejería de Educación, que había anunciado semanas atrás que no lo renovaría, acogiéndose a las últimas sentencias emitidas por el Tribunal Supremo. Estas le permiten a la Junta no hacerlo por entender que no se puede amparar con fondos públicos la discriminación sexista en la educación. Por ello, los 11 centros que se ven afectados emprendieron una campaña de recogida de firmas, alegando la "libertad de decidir" de los padres y esperando a que se apruebe cuanto antes la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) que prepara el Gobierno Central y que previsiblemente blindará a este tipo de centros, por lo que finalmente sí que tendrían derecho a concierto público.

En medio de esta guerra de resoluciones judiciales y administrativas lo que subyace es el debate de si se debe financiar con dinero del contribuyente un modelo educativo que no contempla algunos de los grandes principios básicos, no ya en el consenso constitucional, si no también del funcionamiento habitual de la vida pública y social como son la igualdad de oportunidades y de género.

Los defensores de la educación diferenciada nunca dejan de repetir las ventajas académicas que ofrece el aprendizaje por separado, justificándose con informes, estudios y éxitos de resultados en otros países. La cuestión está en que hacen una lectura reduccionista del sistema educativo, eliminando el componente socializador que tiene. 

En la escuela, los niños no sólo adquieren conocimientos, si no que aprenden a desenvolverse en la vida pública y a convivir en sociedad. Por eso, pensar que es mejor que ganen en rendimiento académico para perder en convivencia supone en el mejor de los casos minusvalorar el fundamento de igualdad al creer que esa parcela de la educación se puede recibir en casa, o en el peor de ellos, que directamente no se entiende como algo necesario.

En el primero de los casos se incurre en un error de partida, que es pensar que en todas las casas a los niños se les va a educar en igualdad. En muchas puede que sí, y a lo mejor sí pueden permitirse eliminar ese aprendizaje de las horas lectivas en la escuela. Pero por desgracia en muchas de ellas, incluso se podría decir que en la mayoría, los padres no se molestan en educar a sus hijos en igualdad, por diferentes motivos sociales, culturales y económicos. Por eso la educación pública tiene que ofrecer un modelo capaz de garantizar ese aprendizaje a los que en casa no lo puedan tener. 

El fundamento más básico de lo público es ofrecer un servicio a todos por igual para que los que no lo puedan tener por sí mismos lo disfruten, con independencia de su condición social, cultural o económica. En el caso de que ese servicio esté garantizado y no sea necesaria su intervención, el Estado sí se podrá permitir amparar con dinero público otros modelos diferentes, y entonces tener la oportunidad de elegir. Pero esa situación está muy lejos de producirse a la vista del alto índice de violencia machista de este país, de la alta diferencia de salarios entre hombres y mujeres y de otros indicadores similares. Esto no quiere decir que el modelo que proponen no tenga cabida, pero sí que no se puede financiar con dinero público mientras sea tan necesario el amparo y el apoyo del modelo igualitario. Precisamente en momentos en los que cada céntimo de gasto tiene que ser revisado, se debería primar la opción más necesitada. Y precisamente la educación pública, por el número y el tipo de personas a los que atiende, necesita de más recursos que la concertada.

Luego está el segundo de los casos en defensa del modelo diferenciador, el que no entiende la necesidad de igualdad en la educación directamente. Este está yendo en contra de lo que la Ley, hecha con el consenso de la mayoría política entiende que debe ser la educación pública. Y en este entendimiento, actualmente se incluye el valor de la igualdad, tanto en la LOE estatal, como en la LEA, andaluza. Por lo tanto, hasta que la ley cambie (cosa que van a conseguir en breve), ¿No es un despropósito que no se cumpla la Ley, ratificada por sentencias del Tribunal Supremo y se subvencione un modelo que no se ajusta a ella?

Por desgracia la decisión de la Junta ha llegado bastante tarde, porque todo apunta a que finalmente los contribuyentes seguirán teniendo que sufragar, mientras se recorta en otros servicios sociales, colegios donde se fomenta el sexismo. Aunque también es verdad que lo ha intentado otras veces y no ha sido hasta que ha tenido el apoyo jurídico que lo ha podido hacer.